Okupas: la ley que protege al inquilino y desampara al propietario

Hablemos claro: en España, la okupación se ha convertido en un negocio para algunos y en una pesadilla para muchos propietarios. Mientras un inquilino moroso puede ser desalojado en semanas, un okupa puede alargar el proceso más de un año. ¿Dónde está la justicia? La ley actual, pensada para proteger al vulnerable, se ha convertido en un escudo para el delincuente.

El problema no es solo la lentitud judicial, sino la falta de medios y de voluntad política. Los jueces, desbordados, priorizan los casos de violencia y dejan los desalojos en un segundo plano. Y mientras tanto, el propietario sigue pagando hipoteca, comunidad e impuestos por una vivienda que no puede usar. Es un sinsentido.

Los viajeros, por su parte, se encuentran con anuncios falsos o con la sorpresa de que su alojamiento ha sido okupado. La inseguridad jurídica afecta al turismo y a la economía. No es un problema aislado: es una lacra que nos toca a todos.

Propietarios, no os calléis. Exigid a los políticos que reformen la ley, que agilicen los desalojos y que castiguen a quien okupa con fines lucrativos. Y viajeros, informaos bien antes de reservar. La solución no es la violencia, pero tampoco la resignación.

¿Hasta cuándo vamos a tolerar que un derecho fundamental como la vivienda sea pisoteado por la burocracia?