Vivimos en un país donde firmar una hipoteca es casi un rito de paso, pero cuando la economía se tuerce, la banca no perdona. En 2025, los desahucios por impago siguen siendo una realidad cruda: familias enteras que pierden su vivienda y se quedan en la calle, mientras los fondos buitre hacen su agosto. Como propietario de alquiler vacacional, sé que el problema no es solo moral, sino práctico: ¿qué pasa con esas viviendas? Muchas acaban en manos de grandes tenedores o, peor, en el mercado de alquiler con precios imposibles. Las alternativas reales son escasas: la dación en pago no es obligatoria por ley, los alquileres sociales son una gota en el océano, y los ERTE o moratorias hipotecarias de la pandemia ya son historia. Los bancos prefieren ejecutar que renegociar, y el gobierno mira hacia otro lado. Para los viajeros, esto se traduce en menos oferta de vivienda asequible y más presión sobre el alquiler turístico. Para los propietarios, es un recordatorio de que tener ladrillo no es negocio seguro si no hay red de seguridad. ¿Debería España obligar a la dación en pago como en otros países? ¿O es mejor apostar por un parque de vivienda pública que evite estos dramas? Os leo.
